Ricardo Ravelo
El avance de la delincuencia organizada contradice la actitud triunfalista del gobierno de Felipe Calderón, que insiste en publicitar cada “golpe” que asesta a los criminales. Lo cierto es que los narcotraficantes han optado por ampliar sus operaciones y encontraron una rica veta en el secuestro y el despojo. En estados como Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, “legalizan” sus atracos mediante notarios públicos. Ya son muchas las familias que han sido despojadas de su patrimonio, sin que las autoridades de un Estado ineficaz y rebasado por los grupos delictivos hagan algo para impedirlo.
MÉXICO, D.F., 5 de febrero (Proceso).- El combate al crimen organizado no sólo ha diseminado a los grupos criminales a lo largo y ancho del país provocando matanzas y tensión, sino que también detonó el secuestro de pequeños y medianos empresarios, quienes tras pagar sus rescates se ven obligados a entregar su patrimonio ante amenazas de muerte.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada “diversificación de actividades” con que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron Los Zetas, otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como La Familia michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de “compraventa” de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
El avance de la delincuencia organizada contradice la actitud triunfalista del gobierno de Felipe Calderón, que insiste en publicitar cada “golpe” que asesta a los criminales. Lo cierto es que los narcotraficantes han optado por ampliar sus operaciones y encontraron una rica veta en el secuestro y el despojo. En estados como Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, “legalizan” sus atracos mediante notarios públicos. Ya son muchas las familias que han sido despojadas de su patrimonio, sin que las autoridades de un Estado ineficaz y rebasado por los grupos delictivos hagan algo para impedirlo.
MÉXICO, D.F., 5 de febrero (Proceso).- El combate al crimen organizado no sólo ha diseminado a los grupos criminales a lo largo y ancho del país provocando matanzas y tensión, sino que también detonó el secuestro de pequeños y medianos empresarios, quienes tras pagar sus rescates se ven obligados a entregar su patrimonio ante amenazas de muerte.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada “diversificación de actividades” con que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron Los Zetas, otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como La Familia michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de “compraventa” de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
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